jueves, 6 de junio de 2013
(Os dejo un
resumen de la comunicación que presenté en las Jornadas de los 25 años de
Servicios sociales en Castilla y León celebradas en León el pasado mes de
Marzo)
Toda
intervención profesional requiere actuaciones éticas. Si además esta
intervención se realiza en contacto
directo con las personas, teniendo como materia básica del trabajo todo lo que
concierne a sus necesidades y a la gestión de sus derechos y recursos sociales, con objetivos de mejora
social, calidad de convivencia y bienestar social, es
fundamental que todas nuestras acciones profesionales
estén reguladas por directrices éticas.
La conciencia ética es básica en la práctica del trabajo social. En el
ejercicio profesional diario de atención a personas, grupos y/ó situaciones
problemáticas, los profesionales de la acción social nos planteamos dudas y nos hacemos preguntas que nos llevan a menudo a buscar respuestas desde el cumplimiento
ético.
Las reformas legislativas y estructurales, los recortes sociales y
económicos a los se está sometiendo el estado del bienestar, ponen en evidencia
importantes dificultades en el ejercicio
profesional .A ello hemos de unir un quehacer profesional impregnado, cada vez más, de
problemas y dilemas éticos envueltos en una acrecentada burocratización de los
servicios. Por este motivo,
nuestra acción ética revive
planteamientos, reflexiones y
debates, tanto desde la óptica de la intervención profesional como desde el
análisis de las normas y principios éticos de las propias instituciones desde donde
desarrollamos nuestro trabajo.
Precisamente y al hilo de lo que
actualmente está aconteciendo en nuestro estado de bienestar y sus formas de intervención, los planteamientos
éticos surgen en torno a programaciones y normas institucionales que no
responden a necesidades sociales reales,
por la falta de equidad en la distribución de servicios, y a causa
de las anómalas formas de dirigir el
tráfico de recursos con disfunciones de los semáforos de distribución.
Los conflictos de valores a que los profesionales del trabajo social nos
podemos ver sometidos en el ejercicio de
nuestras funciones nos lleva a considerar
el fundamental protagonismo que tienen la ética y nuestro código deontológico en el momento actual.
Partiendo de la premisa de que no existe trabajo bien hecho sin ética bien aplicada y desde los
desafíos a los que nos enfrentamos actualmente con una herencia de grandes avances sociales y
la evidencia de retrocesos e involuciones en nuestro estado del bienestar
propongo la formulación de un código de Buena Práctica Ética que establezca:
§
Frente a la ética de mínimos que se aplica para salir del
paso sin implicarse más de lo necesario aunque sea necesario, poner en marcha
el formulario de la ética de máximos.
§
No convertir en “normalizadas” acciones que por su
naturaleza y características no lo son,
justificando actuaciones profesionales injustas
§
Romper con la tecnología que promulga todo para los humanos pero sin los humanos.
§
Reivindicar la imagen del servidor público ético y
eficaz frente al empleado burócrata distante e ineficaz.
§
Salir del inmovilismo y la individualidad,
incorporando a la intervención profesional más solidez y sentido crítico.
§
Evitar que las fortalezas de los entramados
burocráticos de las administraciones para las que trabajamos supongan nuestras
debilidades en la acción ética igualitaria, responsable y justa.
§
Apostar por un ejercicio profesional guiado de
acciones transformadoras y
reivindicativas en la consecución y permanencia
de los derechos sociales.
§
Propiciar que nuestras acciones produzcan
reflexiones y reacciones de una
ciudadanía cada vez más activa e informada.
§
Frente
a los desafíos del complejo contexto socio-económico actual ser visibles
con una
acción ética cada vez más
estética.
Ahora
más que nunca en aras de la trasparencia que tan de moda está, creo que es
necesario:
Promocionar
y garantizar la información a los
usuarios sobre los derechos sociales que
les protegen reivindicando su vigencia y permanencia.
Priorizar
en nuestras intervenciones la consecución de
los servicios sociales públicos y
universales frente a la aplicación de políticas sociales reduccionistas e
insolidarias.
Humanizar las instituciones
valorando y gestionando con criterios de justicia distributiva.
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MAREA NARANJA
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